En economía se dice que "el que contamina, paga".
Cerrándose ya el primer semestre del segundo año de pandemia, parece justo y libertario que quienes tienen recursos, o quieren seguir trabajando y no desean vacunarse tengan la opción de no hacerlo.
Parecería dable colocar un tributo libertario para:
ASUMIR LOS COSTOS
1) Que asuman los costos de su decisión, sin saltarse la fila en un hospital público, y si llegan a enfermarse, no tienen carnet de vacunación, y tienen los medios para pagar los costos de su decisión, paguen por su hospitalización en clínicas privadas, descongestionando así los hospitales públicos para quienes no pueden pagar una atención de salud privada o por fallo del estado, no han podido probadamente, acceder a la vacuna.
INTERNALIZAR
2) Que tributen en beneficio de los demás al pagar los costos de la externalidad favorable que le ha entregado tanto el estado como la sociedad, al subsidiar el primero, con tributos de todos, la vacuna de todos, incluída la suya rechazada.
ACELERAR
3) Que a mayor nivel educativo, se pague más, a modo de un impuesto saludable y liberal que le sirva de "multa social" libre y voluntariamente pagada, al beneficiarse del efecto rebaño causado por los demás que sí han optado por vacunarse, dejando al "no vacunado" como un "free-rider" (un polizón) que se beneficiará del fin de la pandemia, sin haberse sometido a la lotería del probable costo que los demás (la mayoría) sí habrá pagado para esas fechas.
Esta medida permitirá tres beneficios:
FINANCIAR
A) Financiar una vacunación más acelerada de todos, incluidos los que no deseen pagar impuestos, así como de aquellos que habiendo dudado, se decidan a vacunarse para no caer en el estigma de una base de datos que a algunos no les resultará tal estigma, sino una especie de extraña medalla libertaria, que igual, puede serlo, pero debe costar.
LIBERAR
B) Liberar al resto de los ciudadanos de los costos de las cuarentenas, al caer la responsabilidad ya en las manos de los individuos y no del estado, dejando que el mecanismo tributario sea el que permita recaudar a quienes desean "consumir" el virus por voluntad propia, a modo de lo que ya se hace con el tabaco, o el azúcar, actualmente.
REACTIVAR
C) Permitir la apertura de la economía y generar beneficios tributarios por la recaudación que se obtenga en el estado al reabrirse los mercados, así como generar beneficios privados por el comercio, la inversión, el consumo, las exportaciones y las importaciones que se reanuden al permitir que la demanda agregada vuelva a recuperarse desde el lado de la recuperación de la producción, la competencia, la oferta, y el comienzo de un ciclo real de negocios.
CONSIDERACIONES CLAVES DE LA PROPUESTA
Hay una amenaza grave para la salud pública.
La vacuna es segura y efectiva.
Las políticas de vacunación obligatoria no muestran un ratio de coste/beneficio superior a otras alternativas.
El nivel de coerción impuesto a través de cuarentenas ya no es proporcionado.
Se llegará pronto a una situación en la que la vacuna estará disponible, gratuita y universalmente.
La vacuna o la "no vacuna" debe ser voluntaria.
Los impuestos saludables se aplican a elementos cuyo consumo tiene un impacto negativo en la salud pública: tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, o combustibles fósiles.
La libre elección de consumir dichos elementos, o de consumir un virus, debe permitirse, pagando los impuestos correspondientes por la elección personal de hacerlo en libertad.
Un impuesto al COVID19 cobrado sobre quienes eligen correr el riesgo de contagiarse y contagiar evitaría el impacto en la salud pública y generaría ingresos para el fisco que permitan ayudar a quienes han sido golpeados por la pandemia.
Todo impuesto saludable es una medida progresiva que tiene un beneficio mayor relativamente para los grupos de ingresos más bajos, cuando se tienen en cuenta los costos relativos que dichos grupos enfrentan al requerir atenciones de salud cuyo costo sobre su presupuesto es mayor en carga frente al que representaría para quienes tienen los recursos para atenderse privadamente por una proporción menor de su ingreso personal o familiar.
La OMS ha medido la costo-efectividad de los impuestos saludables, mismos que se aplican de manera sencilla a través de semaforización del vector: producto, mismo que se puede aplicar igualmente a través de carnets verdes para vacunados y de información de pertenencia a quintiles de ingreso según registro social de hogares.
Varios países estudian volverla obligatoria debido a las dificultades para convencer a los reacios a vacunarse.
Si ocurre como con las bebidas azucaradas, un 20% de incremento en el precio de dicho elemento, desincentiva en 20% el consumo. De darse algo parecido en materia de COVID, se podría pasar de un 60% de vacunados voluntarios a 80% con una imposición tributaria a quienes no están en el registro social de hogares y no posee carnet verde.
Los elementos anteriores están disponibles en los países de manera electrónica y son verificables a través de códigos QR que son descargables en celular, o se pueden proveer física y manualmente desde dependencias en territorio, o vía BodyApps de autoridades policiales o de las Fuerzas Armadas.
Tributariamente, el costo de aumentar este impuesto selectivo tiene mayor cost/beneficio que la cuarentena obligatoria, o una opción de legislación que pase por un congreso requiriendo ley orgánica o acuerdos políticos lentos y costosos.
Desde dicha perspectiva, para los gobiernos centrales y su capacidad de imponer tributos, los subsidios y los impuestos son herramientas mejores que las leyes y la fuerza pública para inducir comportamientos afines a la maximización del bienestar.
Quienes desean vacunarse con rapidez ya pueden lograrlo en la mayor parte de países, porque los sistemas de vacunación han entrado en funcionamiento y las vacunas han demostrado ser eficaces.
Los países que coloquen "impuestos al COVID19" como los propuestos aquí por Salazar (2021) Ver anexo (abajo), pueden beneficiarse de cooperación y donación de países ricos que estudian (Blair, 2021) subsidiar desde el G7 a países sin posibilidad de cubrir la vacunación de sus ciudadanos de manera efectiva, eficiente y eficaz.
Las vacunas salieron al mercado a fines del año pasado en rangos de 2 a 20 euros por dosis, por lo que una solución fiscal global de protección social en salud es viable, luego de una contribución de cada país sin "free riders" individuales, o nacionales.
Países como Chile podrían terminar rápidamente su salida de la pandemia, al contar con disponibilidad y mecanismos en su lugar para tener 40 millones de dosis disponibles entre 2021 y 2023, necesitando incentivar a su población para acelerar la vacunación y la salida de cuarentenas, la reactivación de la economía y la recuperación de la libertad del 60% y más de sus ciudadanos hoy capturados por un 40% de no vacunados que colapsa los sistemas y unidades de cuidados intensivos.
Si el impuesto funciona, a menor costo y tan efectivamente como una obligatoriedad (no deseada), y si la evidencia de España fuese comparable, se tendría que casi un 60% de quienes no quieren vacunarse se vacunarían, quedando solo un 7% de ciudadanos que no se vacunaría bajo ninguna circunstancia, y sería la base tributaria final sobre la cual se efectivizaría el impuesto.
Teniendo un grupo de al menos 7% que nunca se vacunará voluntariamente, la pregunta de investigación es si: ¿Quienes no desean vacunarse, deberían pagar un impuesto que permita internalizar los costos sociales y económicos de su libre y voluntaria decisión, evitando así una obligatoriedad controvertida, y dejando espacio a la libertad de elegir y contribuir a otros para generar la producción y la libertad que sus empresas y hogares necesitan ya con urgencia, tras demasiados trimestres de encierro y falta de libertad?
ROBERTO SALAZAR, ADN@+
EVIDENCIA DE SOPORTE
Evidencias y puntos de investigación utilizados como referencia se pueden consultar en la siguiente presentación (PDF) descargable:
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